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Towla 24

Proyecto para crear nuevo marco regulatorio de los biocombustibles

mayo 2, 2021

La discusión por la regulación de los biocombustibles suscitó dos tipos de internas de las cuales una parece más saldada que la otra. Por un flanco, en un primer momento puso en pie de alerta al sector petrolero frente a la posibilidad de que hubiera un requerimiento para un decano corte de las naftas con bioetanol.

Hasta el momento, está en vigencia la Ley 26.093 que establece un corte del 10% para el biodiesel y el 12% para el bioetanol (a cojín de maíz y vino). Las provincias petroleras hicieron conllevar su peso territorial para que haya modificaciones de fondo que generasen un beocio bombeo de producción de biocombustibles a ser mezclados con los hidrocarburos. Fue asimismo una forma de defender las regalías petroleras (y la rentabilidad de las empresas del sector).

 

 

En el Senado ya hay una media pena para la prórroga del contemporáneo régimen. Sin secuestro, el monolito oficialista de Diputados impulsó un nuevo tesina que saldó algunas discusiones con el sector petrolero y profundizó el debate en dirección a el interior de los productores de biocombustibles, con preminencia de las grandes cerealeras del país.

¿Qué cerealeras? Las mismas que estuvieron en pie de guerrilla frente a la posibilidad de que el Estado Franquista decidiera revertir la concesión sobre el canal fluvial mal llamado hidrovía, por donde sale el 80% de las exportaciones agroindustriales.

 

Discusión de fondo

El Frente de Todos presentó, finalmente, la iniciativa para impulsar los combustibles verdes con la firma de 15 legisladores. La norma que tendrá vigencia hasta 2030 con la posibilidad de prorrogarse por 5 años- establece ciertos mecanismos para evitar que la suba del precio internacional del maíz una de las bases del bioetanol- impacte en los surtidores.

Igualmente se fija un término a la décimo de grandes cerealeras en la producción del biodiesel como Bunge, AGD, Cargill, Cofco, y Glencore, entre otras.

La idea del Frente de Todos en la Cámara de Diputados sería que el negocio de los biocombustibles quede para las pymes del sector, con una capacidad de hasta 50.000 toneladas de producción anual para el biodiesel. Hace varias semanas circuló un primer dechado que llevaba la firma de Mayor Kirchner donde el sujeto financiero pyme quedaba muy admisiblemente definido.

Sin secuestro, ese primer texto se revisó en dirección a el interior de la coalición gobernador y volvió a redactarse una iniciativa que ahora es defendida por el diputado de Santa Fe, Marcos Cleri.

Según datos de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, existen 33 plantas de biodiesel con una capacidad de producción de 3,8 millones de toneladas, de las cuales 12 están en la provincia de Buenos Aires y 15 en Santa Fe.

En el caso del bioetanol (vino anhídrico), que se hace a cojín de maíz o azúcar, hay plantas distribuidas de la subsiguiente forma según la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno: Córdoba (4), Tucumán (8), Salta (2), Jujuy (2), Santa Fe (2), San Luis (2) y Santiago del Estero (2).

El nuevo corte para la mezcla en el gasóleo se fijó en un 5% ahora está en un 10%– pero la autoridad de aplicación podrá sujetar ese nivel al 3%, en función de la variación internacional de las materias primas. El gasóleo se mezcla con biodiesel a cojín de soja, que en estos momentos está en USD 550 la tonelada, un valía inédito para los últimos primaveras.

Según el texto del tesina bajo debate parlamentario, el depósito de las cantidades de biodiesel mensuales para cumplir las metas establecidas recaerá sobre aquellas empresas que “no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiesel y/o de sus insumos principales” y a su vez deberán tener un tope mayor de producción anual de 50.000 toneladas.

De esta forma, quedarían fuera del negocio nave sociedades como AGD cuyos dueños son el titular de la UIA, Miguel Acevedo y el exsenador Roberto Urquía-, Molinos, Glencore, Cargill, Cofco y Dreyfus, entre otras, es proponer las principales compañías del sector agroexportador que concentran el negocio granario y suelen beneficiarse del lobby de los legisladores de Juntos por el Cambio.

Los niveles de corte que se presentaron en la nueva iniciativa asimismo reflejan el resultado de la negociación con las provincias petroleras. Habrá menos biocombustibles en la mezcla con el gasóleo y la mezcla en las naftas se mantendrá como hasta ahora. Este es un punto oportuno para las operadoras de hidrocarburos.

“Preocupaba mucho que las empresas petroleras pudieran participar del negocio de los biocombustibles. De esta forma se logrará que no haya una integración erecto”, sostuvo a este cronista el ministro de Expansión Productivo de Tucumán, Álvaro Simón Padrós.

El bioetanol se utiliza para mezclar las naftas, cuyo corte quedó establecido en el 12%. Este corte para naftas se integra con un 50% de bioetanol de maíz y la otra porción con la producción de los ingenios azucareros, con preeminencia los ubicados en la Tucumán de Juan Manzur.

Los precios del maíz asimismo están en sus máximos históricos. Por eso el texto autoriza a la Autoridad de Aplicación a que puedan reducirse los porcentajes de corte del bioetanol a cojín de maíz y redistribuir el cupo en dirección a la producción a cojín de caña de azúcar. Hay quienes entienden que este es un “beneficio ideológico” a honra de Manzur en detrimento de los gobernadores de Santa Fe (Omar Perotti) y Córdoba (Juan Schiaretti).

“Hay una enorme discriminación en esta iniciativa legislativa en contra de los exportadores de maíz, mientras asimismo continúa el tratamiento restrictivo a los exportadores de biodiesel”, sostuvo a La Opinión Austral Claudio Molina, director ejecutor de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.

 

Otras miradas

Durante el debate en la comisión de Energía y Combustibles, iniciado el miércoles de la semana pasada, varias cámaras empresariales del centro del país expresaron sus críticas a la iniciativa.

 

 

“Sería bueno una prórroga (de la Ley 26.093) que permita el debate de todos los proyectos”, sostuvo Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO).

Solicitamos una prórroga de la contemporáneo ley y le requerimos a la Secretaría de Energía en carácter de Autoridad de Aplicación que fije en forma fundada los porcentajes de mezcla para biodiesel y bioetanol para el período de prórroga comprendido entre el 1° de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022”, indicaron desde el Instituto Argentino de Energía “Gral. Mosconi”.

Por su parte, Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), fue uno de los pocos expositores que defendió la iniciativa oficial: “Nosotros tenemos que respaldar la continuidad de las PyMEs. Esta ley da previsibilidad, nos da el espacio de construir desde adentro y no desde fuera tirando piedras”.

Hay una razonamiento que parece surcar todo el panóptico del oficialismo. Los debates claves llegan sobre los límites de las leyes vigentes, por ende, parece primar una vistazo de que no hay que tocar ausencia.

Por eso avanzó en algún momento la media pena en el Senado con la prórroga de la contemporáneo ley de biocombustibles. O por eso se llegó al término con la subasta de la Hidrovía, cuya concesión se prorrogó por 90 días. Y poco similar podría ocurrir con los biocombustibles, cuyo régimen de promoción vence a fin de mes.

De no contarse con una nueva ley, deberá prorrogarse el contemporáneo régimen hasta tanto esté la nueva norma.

Desde el oficialismo indicaron a este diario que la norma sería aprobada en Diputados, incluso con el extras de los legisladores de las provincias petroleras. A la hora de defender la norma, la bancada del FdT destaca el situación de “seguridad jurídica hasta 2030”, con la posibilidad de una prórroga por 5 primaveras más, sumado al cuidado a las empresas de escalas más pequeñas y la creación de una Comisión Peculiar de Biocombustibles con décimo de las provincias productoras.

Igualmente se destaca la posibilidad de sustituir importaciones de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de “evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima franquista y alentar la reproducción de empleo”.

Desde la pena de la primera ley de promoción de los biocombustibles, sólo el bioetanol ha sustituido importaciones de naftas por USD 520.000.000, y se ha exportado biodiesel por un valía de USD 900.000.000.

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