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Towla 24

Opinion | ‘Patria’ o ciencia: contradicciones de la vacuna mexicana contra COVID-19

abril 20, 2021

El anuncio se produce cuando resulta obvio el fracaso de la organización de combate a la pandemia y la profilaxis aparece como la última oportunidad de controlar la emergencia sanitaria y su asociada crisis económica. Resulta una incongruencia que ahora el gobierno descubra el enorme valencia de la ciencia, glorifique las vacunas y llame a recuperar la soberanía en este contorno.

Los indicadores que miden el impacto de la pandemia ubican a México en muy mala posición. Ocupa el tercer empleo en el mundo en el número inmutable de muertes por COVID-19 (212,339 al 18 de abril de 2021), solo superado por Estados Unidos y Brasil. En términos de muertes por 100,000 habitantes, ocupa el empleo número 15, con 168.2 decesos. Solo Perú (177.5) y Brasil (178.2) presentan una tasa maduro en América Latina.

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Por otra parte, existe un subregistro en las cifras reportadas por el gobierno mexicano —como se reconoce en un referencia oficial publicado en marzo— por lo cual el número total de decesos por COVID-19 sería de más de 300,000. En ese caso, México ocuparía uno de los primeros lugares en la tasa de muertes por 100,000 habitantes en el mundo.

La razón de este mal desempeño es que México le dio una respuesta tardía y apática a la pandemia, que se ha acompañado de una organización de comunicación confusa e inconsistente, así como un desprecio por las evidencias científicas. Fiel a su linaje populista, el contemporáneo régimen ha politizado medidas técnicas como la aplicación de pruebas diagnósticas, el uso de mascarillas y, ahora, la empresa de vacunas.

La selección de los grupos a inmunizar no siempre se ha basado en criterios técnicos. Por ejemplo, la profilaxis arrancó en zonas rurales, donde el peligro de transmisión de la infección es pequeño que en las ciudades. Se vacunó además a grupos no prioritarios, como los maestros de educación básica del estado de Campeche y los funcionarios públicos llamados Servidores de la Nación.

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Al mismo tiempo se les niega la vacuna a miles entre el personal de lozanía, en particular a quienes trabajan en el sector privado. En un acto divisivo, que atenta contra principios básicos de respeto a los derechos humanos, se estigmatiza a un conjunto de personas por el hecho de ejercitar su profesión en un modo que no coincide con los prejuicios ideológicos del conjunto en el poder. El discurso oficial ha creado una categoría supuestamente homogénea de médicos y enfermeras “privados”, a quienes se deshonra calificándolos de abusivos y privilegiados.

Es obvio que este conjunto corre un maduro peligro de coger COVID-19 que el resto de la población, pero es claro que se les niega la profilaxis por ejercitar su profesión en el “elitista” sector privado. El presidente Andrés Manuel López Taller y las autoridades de lozanía parecen ignorar que la mayoría de los médicos privados no trabaja en grandes y lujosos hospitales de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino en consultorios, clínicas y nosocomios de menos de 50 camas en donde se atiende población de menores fortuna.

Otra muestra de la politización de la pandemia es la presencia ubicua de los Servidores de la Nación en los equipos de profilaxis. No hay razón técnica que justifique la intervención de este conjunto —a quien se vincula electoralmente con Morena, el partido del presidente— en las tareas de inmunización, las cuales deberían subsistir en manos del personal de lozanía.

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Una de las razones por la que se han utilizado a estos grupos, al Ejército y la Secretaría de Relaciones Exteriores en la negocio y aplicación de las vacunas contra COVID-19 es el descuido del Software de Inmunización Universal. Desde la plazo de 1980, nuestro país alcanzó coberturas de profilaxis muy altas, pero la mala administración flamante de dicho software ha ocasionado desabastos de las vacunas contra el sarampión, el virus del papiloma humano, la tuberculosis (BCG), la difteria, tosferina y tétanos (DPT), entre otras, que redujeron las coberturas de profilaxis de más de 90% en los últimos cinco abriles a menos de 80% en 2020. Esto ha provocado, entre otras cosas, la reaparición de casos autóctonos de sarampión. El año pasado se registraron al menos 196 casos de esta enfermedad, casi el mismo número que los casos acumulados en los 20 abriles previos.

El presidente López Taller llamó “un maravilla” a las vacunas contra el COVID-19. Pero de maravilla —entendido como un hecho extraordinario atribuido a la intervención divina— no tienen nulo. Las vacunas son producto de inversiones de abriles en investigación básica y de esfuerzos colaborativos globales, la mayoría de ellos público-privados. De hecho, la tecnología detrás de la vacuna “Nación” es resultado de una colaboración entre la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Monte Sinaí en Nueva York, que es privada; la Universidad de Texas en Austin, que es pública; y el Instituto Doméstico de Alergias y Enfermedades Infecciosas, una agencia del Área de Vigor y Servicios Humanos del gobierno estadounidense. Para la producción de la lectura mexicana de la vacuna se asociaron dos instituciones privadas, la misma Escuela de Medicina Icahn y los Laboratorios Avi-Mex, que cuentan con financiamiento del Conacyt y la Agencia Mexicana para el Incremento.

Para que este discurso de apoyo a la vacuna “Nación” y la búsqueda de la soberanía en materia de vacunas no resulte oportunista y demagógico, debe cerciorarse una inversión creciente y permanente en apoyo a la investigación científica. Esto requiere reorientar las prioridades del gobierno, que han privilegiado megaproyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Pero además exige un restablecimiento de los fideicomisos vinculados a tareas de investigación, el desgobierno de las posturas ideológicas de parte del equipo directivo de Conacyt y el restablecimiento de una relación de respeto del presidente y sus funcionarios con la comunidad científica.

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En suma, lo que se requiere es que el gobierno aprenda de su fracaso en el manejo de la pandemia y se convenza, de una vez por todas, que el discurso divisivo, el menosprecio a los expertos y el autoritarismo anticientífico deben ceder ya su empleo al esfuerzo por equilibrar a la sociedad en una organización guiada por la ciencia para terminar con la emergencia que ahoga a México.

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