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Towla 24

La actividad de los remises es pública y no admite informalidades

abril 28, 2021

El problema del transporte ilegal de pasajeros no es nuevo en la Ciudad, se remonta a muchos primaveras antes y son muchas, por consiguiente, las administraciones municipales que se sucedieron sin poder erradicar esa actividad informal.

Lo cierto es que las ordenanzas sancionadas, los múltiples y fugaces operativos realizados en las últimas décadas resultaron insuficiente . Y la situación volvió a cobrar vigencia ahora, cuando en las últimas jornadas la Municipalidad detectó y secuestró a 34 automóviles que actuaban como remises sin contar con la facultad pertinente.

Se sabe que a partir de la pandemia la presencia clandestina de remises truchos creció de guisa amenazador, según fue denunciado por distintas entidades vinculadas al sector. Y ahora, durante operativos desarrollados en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, de los parques Alberti y Castelli y la Plaza Oscuro, agentes de la secretaría de Seguridad municipal retuvieron 34 vehículos que funcionaban como remises de guisa ilegal, no sólo carentes de la facultad sino incumpliendo otra serie de requisitos para desarrollar la actividad.

Como parte de las tareas de control, los inspectores verifican que el transporte esté cobrador para el traslado de pasajeros y solicitan a los choferes atrevimiento de conducir profesional, cédula verde, VTV y seguro vigentes; encima de exigir el cumplimiento de los protocolos sanitarios contra el Covid-19 estipulados para taxis y remises.

Está claro que en el caso de las remiserías –igualmente de los taxistas y de empresarios del transporte escolar, víctimas de este mismo problema- que cumplen con todas las exigencias legales para funcionar, no pueden competir con quienes desempeñan esas actividades sin cumplir con los requisitos de facultad exigibles a todo transporte que quiera felicitar un servicio en condiciones de legitimidad. Estos últimos, encima, lo hacen sin afrontar los costos que asumen quienes actúan legalmente.

Asimismo, frente a los riesgos concretos que corren miles de personas, en forma cotidiana y muchas de ellas sin advertirlo -ya que al pasajero le resulta virtualmente ficticio determinar si el transporte que lo traslada está o no legalmente facultado para ejercitar la actividad- las autoridades deben extremar los controles que se realizan.

Se prostitución no sólo de proteger los derechos de los pasajeros a contar, eventualmente, con una cobertura de seguros y a utilizar automóviles en los que estén probadas, objetivamente, la idoneidad profesional del chofer y las condiciones que debe tener el transporte, sino de impedir que se vean desnaturalizadas las leyes y el propio valencia de la autoridad comunal. Desde luego que igualmente debieran sopesarse detalladamente las eventuales derivaciones jurídicas, en casos de accidentes.

En este sentido, es fundamental que el municipio ajuste los organismos y distintos sistemas de contralor, para aplicarlos luego en forma sostenida. Los funcionarios municipales tienen una responsabilidad directa y a ellos les corresponde, ineludiblemente, velar por la vigencia de todos los requisitos que se fijan para darle seguridad y garantías a un servicio que, como el de transportar pasajeros, es de naturaleza pública.

 

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