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estas son sus claves · Noticias Jurídicas

abril 20, 2021

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el pasado 16 de abril el Plan de Ley de cambio climático y transición energética, ratificado con competencia legislativa plena y por el procedimiento de emergencia por la Comisión de Transición Ecológica y Desafío Demográfico.

El texto pasa ahora al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria. Estas son sus claves.

Mejora sostenible y engendramiento de empleo limpio

La ley tiene por objeto sostener el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, recogido el 12 de diciembre de 2015 y suministrar la descarbonización de la hacienda española y su transición a un maniquí circular que garantice el uso racional y solidario de los bienes, así como promover la acondicionamiento a los impactos del cambio climático y la implantación de un maniquí de progreso sostenible que genere lo que denomina empleo limpio.

Reducción de emisiones, uso de energías renovables y eficiencia energética

El texto recoge los objetivos mínimos nacionales de reducción de emisiones de gases de propósito invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la hacienda española para los abriles 2030 y 2050: las emisiones del conjunto de la hacienda española en el año 2030 deberán reducirse en al menos un 23% respecto al año 1990 y se deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050.

Encima, en el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42%, un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de engendramiento a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la ruta de colchoneta conforme a reglamento comunitaria.

Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y Táctica de Descarbonización a 2050

La ley recoge como instrumentos de planificación para topar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Táctica de Descarbonización a 2050 de la Hacienda Española. Los primeros deben coger los objetivos sectoriales y las políticas y medidas para alcanzarlos de los sectores que participan en régimen de comercio de derechos de difusión, las grandes industrias y el sector eléctrico y los sectores difusos (agrícola, forestal, transporte, residencial, institucional y comercial y gases fluorados).

Fuentes de energía renovables y eficiencia energética

La ley establece que el beneficio del dominio notorio hidráulico no fluyente para la engendramiento de energía eléctrica en las nuevas concesiones que se otorguen tendrá como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables no gestionables en el sistema eléctrico, promoviendo en particular las centrales hidroeléctricas reversibles.

El texto alcahuetería de combatir asimismo el elevado endeudamiento de actividades reguladas como el transporte, la distribución de gas natural y electricidad. Así, introduce este principio de prudencia financiera en las metodologías de retribución de estas actividades reguladas que el organismo competente para su aprobación desarrollará.

Se modifica la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, para establecer que en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, un valor equivalente a la suma de la estimación de la colecta anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Todavía se modifica la disposición adicional novena de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Doméstico de los Mercados y la Competencia, relativa a la comunicación sobre toma de participaciones de grupos de sociedades designados como gerente de la red de transporte de electricidad y gas natural, por su posible impacto en la seguridad de suministro de los sistemas gasista y eléctrico.

Con la finalidad de conseguir edificios más eficientes, se fomenta el uso de materiales con la beocio huella de carbono posible, mejoras en la accesibilidad de los edificios, e incentivos para la comienzo de energías renovables en la rehabilitación de viviendas, facilitando instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las Comunidades de propietarios y sistemas de calefacción y refrigeración de cero emisiones.

Transición energética y combustibles

Dispone el texto que no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el zona franquista, incluyendo el mar territorial, la zona económica monopolio y la plataforma continental. De esta medida quedan excluidas las solicitudes de concesión de explotación asociadas a un permiso de investigación actual que se encuentren en tramitación antiguamente de la entrada en vigor de esta ley, que se regirán por la reglamento aplicable al tiempo de otorgarse el permiso de investigación, a excepción de la posibilidad de prórroga, que se excluye expresamente.

Correcto a sus prejuicios y a su coste siquiera se otorgarán nuevos permisos de exploración, de investigación o concesiones de explotación de minerales radiactivos, ni se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas.

Por otro flanco, se establece que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, financiero o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

Se introducen asimismo disposiciones que fomentan los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles alternativos. Todavía se prevé la reducción de emisiones específicas en el sector del transporte tenue, oceánico y transporte pesado por carretera a través del establecimiento de integración de energías renovables y objetivos de suministro de biocarburantes y otros combustibles renovables de origen no biológico.

Movilidad sin emisiones y trasporte

En materia de movilidad sin emisiones, se establece que se adoptarán medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán planes de movilidad urbana sostenible coherentes con los planes de calidad del garbo. Las Comunidades Autónomas insulares, más vulnerables al cambio climático, podrán instar al Estado a establecer medidas de promoción de movilidad limpia, mediante restricciones de la circulación de turismos y furgonetas.

Para avalar la existencia de infraestructura de recarga eléctrica suficiente, la ley introduce obligaciones de instalación de infraestructuras de recarga eléctrica en las estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo superen los 5 millones de litros, atrapado el 10% de la red. Esta infraestructura de recarga deberá tener una potencia igual o superior a 150 kW o a 50 kW dependiendo del tamaño de ventas. En el caso de concesiones en redes estatales de carreteras, las obligaciones señaladas serán satisfechas por los concesionarios.

Asimismo se prevé que el Código Técnico de la Edificación establezca obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga de transporte eléctrico en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes. Estas medidas se acompañarán con ayudas públicas.

Todavía recoge el texto la aprieto de adoptar medidas para la reducción de las emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles en el transporte oceánico y en puertos, de forma que los puertos de competencia del Estado en el año 2050 sean de cero emisiones directas.

Habilitación al cambio climático

La ley establece que el Plan Doméstico de Habilitación al Cambio Climático (PNACC) es el aparato de planificación para promover la batalla coordinada frente a los pertenencias del cambio climático. Se establecerán en el situación del PNACC objetivos estratégicos y la definición de un sistema de indicadores de impactos y acondicionamiento al cambio climático, así como la elaboración de informes de peligro.

La ley contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y papeleo de políticas sectoriales, como la hidrológica, la de costa, la territorial y urbanística, la de progreso urbano, la de edificación e infraestructuras del transporte, la de seguridad y dieta alimentaria, así como la de lozanía pública.

El texto además prevé medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de directrices básicas para la acondicionamiento al cambio climático de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas. Asimismo establece que el Gobierno incorpore medidas para resumir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un atlas de vulnerabilidad.

Se recoge la aprieto de incentivar la billete de los propietarios y gestores públicos y privados en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono terrestres y marinos, especialmente los del sector agrícola y forestal.

Transición a una hacienda descarbonizada

Se afirma en el texto que la transición a una hacienda descarbonizada requiere además de medidas que faciliten una transición certamen para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables, entre ellas, las zonas rurales, y que esa transición en dirección a un maniquí productivo más ecológico debe ser motor de creación de empleo de calidad.

La ley crea la Táctica de Transición Torneo, como aparato de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacía una hacienda quebranto en emisiones de gases de propósito invernadero, y regula los Convenios de Transición Torneo como instrumentos para para materializar las actuaciones.

Se regula asimismo el cese de la producción de carbón franquista.

Movilización de bienes y finanzas verdes

La ley dispone, con las excepciones establecidas en la misma, que al menos un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, equivalente al pactado en el situación Financiero Plurianual de la Unión Europea, deberán tener impacto positivo en la lucha contra el cambio climático y que el Gobierno revisará al ascenso, antiguamente del año 2025, este porcentaje. Todavía define el uso de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de difusión de gases de propósito invernadero.

En materia de contratación pública, prevé la inclusión como prescripciones técnicas particulares en los pliegos de contratación de criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono. Encima se contempla la inclusión de criterios de adjudicación.

Todavía establece un situación para suministrar las inversiones sostenibles. Se recogen las obligaciones de información del sector financiero y las empresas. Se introduce la obligación de presentar un mensaje de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad. A partir del año 2023, las entidades de crédito deben transmitir objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión.

Se incluye además la obligación de que el cirujano del sistema eléctrico, el Administrador Técnico del sistema gasista y la Compañía Abastecimiento de Hidrocarburos (CLH) remitan un mensaje en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su logística y su planificación financiera.

Afirma el texto que con todo ello se da respuesta al interés creciente del sector financiero por las finanzas verdes.

Educación, investigación e innovación

El Plan de Ley aborda dos cuestiones que considera de importancia para la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático y la promoción de la transición energética, como son la educación y la capacitación para el progreso sostenible y el cuidado del clima, y lo referente a la investigación, progreso e innovación.

En este sentido, el Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibiIidad en el currículo nuclear de las doctrina del sistema educativo de forma transversal; promoverá que las universidades revisen el tratamiento del cambio climático en sus planes de estudios y mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo Doméstico de las Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas formativas en el ámbito de la Formación Profesional que capaciten en perfiles profesionales propios de la sostenibilidad medioambiental y del cambio climático y la transición energética.

Gobernanza y billete pública

El texto regula la gobernanza del cambio climático y transición energética en España. Así, crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética como víscera responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. A tal fin, elaborará anualmente un mensaje que será remitido y sometido a debate en el Congreso de los Diputados, con la billete del Gobierno.

Las Comunidades Autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de los planes de energía y clima a partir del 31 de diciembre de 2021. Los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter genérico que se adopten en la lucha contra al cambio climático y la transición energética en dirección a una hacienda quebranto en carbono se llevarán a promontorio bajo fórmulas abiertas que garanticen la billete de los agentes sociales y económicos interesados y del notorio.

Todavía se contempla un artículo relativo a las políticas, medidas, inventarios y proyecciones de gases de propósito invernadero, de forma que se refuerce la coordinación a la hora de reponer a las obligaciones de información asumidas en la reglamento franquista, comunitaria e internacional.

Fiscalidad verde

Dispone el texto que en el plazo de seis meses desde su aprobación como ley, el Gobierno constituirá un orden de peritos para evaluar una reforma fiscal que valorará además la fiscalidad verde. En todo caso, las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán acompasadas con la situación económica.

Transposición de derecho comunitario

El tesina transpone la Directiva 2018/844, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Esta transposición se realiza a través del artículo 15 de la ley, que dispone que antiguamente del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso dispar al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de vigésimo plazas, ya sea en el interior o en un espacio exógeno adscrito, deberán cumplir la exigencia relativa a las dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos establecida en el Código Técnico de la Edificación.

Modificaciones legislativas y progreso normativo

El Plan de Ley prevé diversas modificaciones de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en relación con el nivel de endeudamiento y retribución de las actividades reguladas en los sectores eléctrico y de gas natural.

Todavía modifica la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Doméstico de los Mercados y la Competencia, en relación con la comunicación sobre toma de participaciones de grupos de sociedades designados como gerente de la red de transporte de electricidad y gas natural; el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ratificado por el Actual Decreto Constituyente 7/2015, de 30 de octubre; la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.

Prevé asimismo el progreso de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, entre ellas, el mandato de su artículo 65, relativo a los incentivos por las externalidades ambientales, de regular los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados, así como la presentación a las Cortes por parte del Gobierno de un tesina de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte.

El Gobierno propondrá además la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para suministrar y flexibilizar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las Comunidades de Propietarios en un plazo mayor de un año y, en ese mismo plazo, presentará una propuesta de reforma del situación normativo en materia de energía.

Entrada en vigor

El Plan de Ley prevé su entrará en vigor al día venidero de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, para los contratos de concesión en ejecución a la entrada en vigor del texto, el apartado 11 del artículo 15 —relativo a la instalación de puntos de recarga eléctrica en el caso de concesiones en redes estatales de carreteras— no entrará en vigor hasta el momento en que lo haga la disposición reglamentaria que determine las obligaciones en materia de instalación de puntos de recarga eléctrica a pertenencias de avalar unas condiciones suficientes de suministro.

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