Saltar al contenido
Towla 24

Comisión de Fiscalización recomienda a la Asamblea el juicio y la censura del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos | Política | Noticias

abril 28, 2021

El documentación pasará a conocimiento de la presidencia de la Asamblea Franquista para su inclusión a debate en el pleno

28 de abril, 2021 – 17h56

Por unanimidad de merienda asambleístas presentes, la Comisión de Fiscalización recomendó, este 28 de abril, que el pleno de la Asamblea Franquista proceda a censurar al exministro de Sanidad Juan Carlos Zevallos por incumplir funciones durante los merienda meses de estar en el cargo.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, fue el encargado de presentar la moción de aprobación del documentación que recomienda el causa político y la censura del exfuncionario, por haberse comprobado de forma clara y categórica el incumplimiento de funciones.

Comisión de Fiscalización redacta documentación sobre causa político en contra del exministro de Sanidad

El causa contra Zevallos lo presentaron los asambleístas Querube Sinmaleza (antaño de SUMA) y Pabel Muñoz (RC), por separado. Las dos solicitudes se unificaron y sumaron diez acusaciones, que tenían relación con acciones y omisiones en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria por el COVID-19; audición irregular de carnés de discapacidad; desvinculación del personal de lozanía durante la emergencia sanitaria; insuficiente adquisición de vacunas COVID-19 y inquietud del plan de inoculación, entre otras.

En la sustanciación hubo 34 comparecencias como pruebas de descargo, siete comparecencias como pruebas de oficio y 65 solicitudes de documentación al Profesión de Sanidad, al Consejo Franquista de Discapacidades, a la Contraloría del Estado, al Consejo de Billete Ciudadana y Control Social, a la Defensoría del Pueblo y al Comité Permanente de Derechos Humanos.

Acusaciones e incumplimientos

Tras el procesamiento del causa, la Comisión unificó las causales y dejó en nueve las motivaciones que llevarían al exministro Juan Carlos Zevallos a un incumplimiento de funciones.

  1. Respecto de las acciones y omisiones en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria, la Comisión de Fiscalización sostuvo que el exfuncionario al suspender el proceso de otorgamiento durante la emergencia sanitaria violentó el derecho de este clan inerme a ceder a los beneficios que le garantizan la Constitución y la Ley. Periodo en el que, a pesar de la pausa administrativa, se emitieron más de 3.000 carnés de forma irregular.
  2. Sobre la partida de otorgamiento de equipos de protección personal para los profesionales de la lozanía, el documentación señala que el exministro infringió la Ley Orgánica de Sanidad porque no fue capaz de proveer, de forma oportuna y suficiente, de equipos; que el exfuncionario pretende discurrir su incumplimiento por la no disponibilidad de bienes económicos y por las restricciones que se dieron a la comercialización de esos insumos en el mercado internacional.
  3. En la causal sobre insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas, la Comisión de Fiscalización afirma que el exministro realizó de modo inadecuada la reasignación de los escasos bienes disponibles y fue ineficiente en sus gestiones para avalar una adecuada provisión de pruebas PCR; y adicionalmente, que al emitirse el 20 de abril de 2021 un acuerdo ministerial donde se fija a $ 45,08 el precio de las pruebas PCR, demuestra la inacción del exministro para controlar los precios fijados por el sector privado y, así, avalar un longevo comunicación de la población, lo que hubiera permitido un mejor manejo de los cercos epidemiológicos, disponer de estadísticas de contagios y muertes por COVID más confiables, y la toma de medidas más adecuadas a la verdad de la pandemia, reduciendo el número de contagios y, consecuentemente, el número de muertes.
  4. No transparentar cifras del número de muertos en exceso. El documentación resalta la prueba de descargo emitida por el inculpado de que de acuerdo con las directrices de la OMS, el MSP solo podía incorporar a las estadísticas oficiales los casos de muertes debidamente confirmados por COVID-19; y que, para fines de comparabilidad, así habrían procedido el resto de los países de América Latina. Adicionalmente, se menciona que el Estado ecuatoriano siempre manejó desde el inicio de la pandemia dos estadísticas claramente diferenciadas y que no son contradictorias: las del Registro Civil, en las que se reportan los casos inusuales/en exceso, con relación al 2019, como año colchoneta, sobre las cuales se puede presumir que la mayoría se deberían a muertes por COVID-19, pero no necesariamente; y, las estadísticas del MSP, que hasta agosto del 2020 solo registraban las confirmadas por COVID.
  5. Desorientar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria. La Comisión recogió testimonios de aquellas personas que aún no encuentran los cuerpos de sus familiares o que no tienen certeza de que las urnas entregadas contienen las cenizas de sus deudos; y por lo tanto, para los asambleístas se configura el incumplimiento de funciones del exministro de Sanidad Juan Carlos Zevallos, por acaecer infringido el artículo 362 de la Constitución, la Ley Orgánica de Sanidad y el reglamento para la gobierno de cadáveres.
  6. Sobre la imputación de desvinculación de 2.279 funcionarios de la lozanía en medio de la pandemia e insuficiente contratación de profesionales de la lozanía, el inculpado afirmó que era personal con contratos ocasionales del ámbito administrativa, y que tomó la audacia para optimizar el uso de bienes para canalizarlos cerca de la contratación de personal de lozanía para la atención en primera ruta. Pero tras el estudio de la Comisión se determina que hay incumplimiento de funciones por acaecer infringido normas internacionales sobre el trabajo, porque la desvinculación no se dio de modo técnica y más admisiblemente contribuyó a una atención ineficiente en las casas de lozanía.
  7. Yerro de control sobre las unidades ejecutoras del Profesión de Sanidad Pública, en esta causal los interpelantes cuestionaron al exfuncionario de permitir la operación de insumos, equipos y medicinas con sobreprecio en tres hospitales y la existencia de irregularidades en el manejo de medicinas. La Comisión consideró que si admisiblemente corresponde a los gerentes las contrataciones como lo señala el inculpado, eso no lo exculpa de su responsabilidad política de designar a profesionales que ejerzan el control y supervisión.
  8. En torno al desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia como la pentavalente, se determina que luego de analizar las pruebas de cargo y de descargo, queda en evidencia que el exministro de Sanidad realizó de modo inadecuada la reasignación de los escasos bienes disponibles y fue ineficiente en sus gestiones para avalar una adecuada provisión de vacunas pentavalentes y de medicamentos prescritos para enfermedades catastróficas, por lo tanto incumplió sus funciones e infringió varias normas internacionales.
  9. Sobre la imputación de insuficiente adquisición de vacunas contra COVID-19, la inquietud del plan de inoculación y inocular a ciudadanos que no estaban incluidos en la escalón 0, el inculpado justifica que eso se debió a la escasez de estas en el mercado internacional y la tardanza en la entrega por parte de las empresas, y que sobre la inoculación de personalidades de la tercera época, dijo que no puede hacer declaraciones para no entorpecer las investigaciones que lleva delante la Fiscalía. Pero la Comisión determinó que independientemente de si existió o no un plan de inoculación, el MSP incluyó en el lista de la escalón 0 a ciudadanos que no eran trabajadores no profesionales de lozanía, que estaban en primera ruta de atención.

Vacunados vip

Según el documentación, los casos que más indignación ciudadana provocaron fueron la inoculación en el geriátrico en el que reside la mama del exministro, de los miembros del Club Rotario de Guayaquil, de personajes públicos como expresidentes, periodistas, dirigentes deportivos, rectores de universidades, de autoridades del Gobierno central y sus familias, entre otros.

Por esas acciones la Comisión de Fiscalización consideró que se configura el incumplimiento de funciones del exministro Juan Carlos Zevallos, e infringió normas constitucionales e incluso el COIP en lo relacionado con el tráfico de influencias.

En el procesamiento del causa político, la Comisión resolvió convocar para que rindan declaración y justifiquen las razones por las cuales en la etapa 0 de inoculación fueron inoculados el exmandatario Oswaldo Hurtado, el periodista Diego Oquendo, el exalcalde de Exento Rodrigo Paz, y los ministros de Energía y Minas, René Ortiz; y, de Turismo, Rosi Prado. De este clan solo compareció Prado, los demás no confirmaron su presencia y otros se excusaron.

El asambleísta José Serrano (AP) reclamó por la partida de los convocados y señaló que aplazamiento que no sea un intento de ocultar un manejo doloso e ineficiente de la inoculación, y pidió que en el documentación se recomiende el procesamiento penal de todas las personas que no comparecieron, pero que se saltaron la fila para vacunarse. Al aprobarse el documentación no se incluyó esta recomendación. (I)

Configuración